En el marco de una causa por supuestas estafas en la entrega de viviendas sociales en Chubut fue imputada la hermana del presidente del Partido Justicialista provincial, Vanesa Elizabeth Fita, y cuatro mujeres más. La mujer decía operar bajo el ala del ex gobernador, Mariano Arcioni.

Fita es hermana del presidente del PJ chubutense y diputado provincial, Gustavo Fita.

De acuerdo con la acusación formal del Ministerio Público Fiscal de Chubut, a la que tuvo acceso Clarín, la estafa habría constado de 594 casos, ocurridos entre 2023 y 2024 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, por la suma de $59.400.000.

La estafa habría iniciado en abril de 2023, cuando Fita comenzó a ofrecer la adjudicación de casas supuestamente recuperadas o en construcción por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), aprovechando la necesidad habitacional de la zona.

La mujer exigía a los interesados un depósito inicial de $100.000, el cual justificaba que $80.000 iban para el IPV y $20.000 para la conexión eléctrica del inmueble.

Fita sumó al esquema a Lucía Miranda, María Victoria Curan y Gisela Mansilla como coordinadoras para solicitar documentación personal, recolectar comprobantes y mantener la ilusión del trámite.

Las familias eran incorporadas a grupos de WhatsApp después de realizar los pagos. Allí recibían información sobre supuestas adjudicaciones, fechas de entrega y documentación que debían presentar.

Los pagos se realizaban en cuentas bancarias personales (Banco Galicia, Naranja Digital) y billeteras virtuales, todas a nombre de Lara Camila Páez, la última imputada.

Entre mediados de 2023 y principios del 2024, las presuntas estafadoras organizaban reuniones presenciales en lugares públicos, en las que esquivaban dar fechas.

Con el paso de los meses, las fechas de entrega comenzaron a postergarse. Según los testimonios, las acusadas invocaban problemas administrativos y trámites pendientes ante el IPV para justificar las demoras.

Uno de los testimonios de las víctimas indicó que Fita aseguraba contar con el respaldo directo del entonces gobernador de Chubut Mariano Arcioni y de su secretaria para la asignación de las viviendas. No obstante, no se probó que el exmandatario provincial tuviera alguna implicancia en el caso.

Luego de repetidos incumplimientos, algunos damnificados consultaron directamente a la delegación del IPV y confirmaron que todo era falso. El 5 de febrero de 2024, el concejal libertario Omar Lattanzio y vecinos afectados radicaron las primeras denuncias que dieron inicio a la investigación del caso.

Tras años de investigaciones y operativos policiales para recabar la información, el fiscal general de Chubut, Martín Cárcamo, solicitó formalmente la elevación a juicio por el delito de estafa por calidad simulada e influencia mentida.

El fiscal pidió penas de 6 a 8 años de prisión para la principal acusada, y de entre 1 y 6 años de prisión para las mujeres que colaboraron en el esquema de estafas.