Los dueños de la droguería Suizo Argentina, bajo sospecha como supuestos partícipes de un circuito de coimas coprotagonizado con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), pidieron a la justicia que anule toda la investigación. Ante las presentaciones de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, el juez federal Sebastián Casanello pidió la opinión de la querellante organización civil Poder Ciudadano, que se opuso a cualquier posible nulidad.

Mientras la investigación por presuntos hechos de corrupción avanza bajo secreto de sumario hasta este jueves, el magistrado creó un incidente puntual para dar tratamiento a los dos escritos firmados por el abogado Martín Magram con los que se solicitó la anulación del caso.

Según el escrito al que accedió Clarín, Poder Ciudadano consideró que el planteo de los Kovalivker “es extemporáneo y los audios cumplen adecuadamente con el estándar probatorio”. Los dueños de la Suizo Argentina habían señalado que la causa no podía prosperar porque inició con una prueba de origen ilícito, una grabación que violaba el derecho a la intimidad de Diego Spagnuolo.

Fundamentando en amplia jurisprudencia su criterio Poder Ciudadano indicó, a través de sus abogados Hugo Wortman Jofré, Pablo Secchi y Tomás Bracho, señalaron que a las grabaciones no había que “otorgarles mayor valor que el de un simple indicio que deberá ser corroborado por otros medios de prueba en la medida que la investigación evolucione”.

Si el contexto del dialogo fuera el de una conversación privada del funcionario, “donde su interlocutor lo grabó confesando o relatando delitos, el interés público en la persecución de la corrupción se encuentra por encima de cualquier expectativa de privacidad del funcionario publico con sustento en los antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios reseñados”, añadieron.

Todo ello, entiende la querella, “no impide considerar que si variara la información disponible – por ejemplo porque arrojara resultado positivo la investigación judicial donde se analiza la posible violación a la ley de inteligencia nacional – cabria reexaminar la cuestión a la luz de los nuevos hallazgos”.

En otros términos, Poder Ciudadano consideró que se está ante una investigación que recién comienza y “solo existen especulaciones sobre el origen y el contexto en el cual fueron registradas las conversaciones que dieron origen a la pesquisa”.

Con lo cual resulta imposible expedirse a esta altura del caso acerca de si la “prueba puede resultar ilegal o no, cuando se desconocen aspectos liminares acerca de su origen y contenido” y sólo cuando caiga el secreto de sumario se sabrá el estado de situación del caso.

Por esos argumentos, el planteo formulado por la defensa “debe ser rechazado por cuanto al haber comunicado el funcionario a una tercera persona su vinculación con un delito o el conocimiento del mismo, Spagnuolo asumía el riesgo de que su pensamiento pueda ser denunciado o comunicado a una autoridad judicial posteriormente”.

Los argumentos de los Kovalivker

Los empresarios habían cuestionado “el origen de la grabación que viola el derecho a la intimidad del señor Diego Spagnuolo, siempre suponiendo la veracidad de la grabación, pero no es lo que se discute esencialmente, sino su manipulación previo a producir la grabación y sin consentimiento de la persona en cuestión”.

Bajo ese mismo criterio, allegados a la defensa de los hermanos Kovalivker pusieron en discusión la denuncia presentada por el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, “por tratarse de una prueba sospechosa que tampoco se sabe si está incorporada como prueba en la causa porque aún permanece en secreto de sumario”.

De esta manera la defensa a cargo de Magram discute “el origen de la grabación y la forma en la que se procuró la investigación”.

La presentación de la defensa solicita que se declare “la nulidad de ese ‘material probatorio’ que existe pero no está, que brinda información pero no sabemos a ciencia cierta quién, ni cuándo. No pudo jamás dar sustento a una denuncia seria ni tener acogida conforme una buena práctica respetuosa del debido proceso”.

Al avanzar en sus argumentos, se señaló que se trata de una “nulidad de carácter absoluto, en tanto el acto viciado viola un derecho constitucional expresamente consagrado –concretamente el derecho a la intimidad previsto en la Constitución Nacional y en las convenciones sobre derechos humanos-, y por tanto puede y debe ser declarado nulo aun de oficio en cualquier estado del proceso”.

En otro escrito, los empresarios también buscaron la nulidad del caso, pero con otro argumento. El abogado Magram señaló que ya había existido un expediente donde se investigaba a la compra de medicamentos del plan Incluir Salud, el más relevante de la ANDIS. La suma involucrada era de 24.000 millones de pesos.

“No se puede realizar una investigación continua con un caso que fue archivado. Antes decían que hubo sobreprecios y eso no se corroboró. Ahora le cambian la expresión y hablan de posibles coimas, pero el hecho ya se investigó y se cerró la causa”, indicaron fuentes allegadas a la droguería Suizo Argentina.

La defensa discute algo que denomina “un cambio semántico: las personas involucradas, la empresa y los contratos son los mismos, pero la justicia ya dijo que no hay elementos de prueba para avanzar”.