Las Universidades nacionales sumaron un nuevo fallo judicial a su favor, en la batalla para que el Gobierno cumpla la ley de Financiamiento Universitario, aunque las dilaciones ya llevan a 315 los días que lleva sin aplicarse.
En esta misma jornada de martes en que fracasó una reunión paritaria convocada en Capital Humano, al ofrecerse 3% de aumento, que contrasta con el 30% adeudado que marca la ley, se conoció una nueva decisión del juez en lo contencioso Administrativo Martín Cormick.
El magistrado denegó la pretensión del Gobierno de levantar la medida cautelar que ordenó cumplir de inmediato (aunque ya pasaron ocho meses) con los art. 5 y 6 de la Ley de fondos, relativa a la actualización salarial de sueldos docentes y no docentes, y de becas estudiantiles.
Pero además, descartada la postura de la cartera que conduce Sandra Pettovello, el juez se abocó al pedido de las Universidades de iniciar la ejecución de su sentencia ya avalada por la Cámara de Apelaciones -que quedó firme tras el fallo de la Corte Suprema del 25 de junio, al rechazar la última apelación de la cautelar (un “recurso extraordinario” a la Corte) por parte del Gobierno.
El juez Cormick, así, intimó a los funcionarios nacionales a que “en el término de 3 días” informen los avances, detallen la ejecución de los compromisos asumidos y precisen “el grado de cumplimiento a la fecha de la cautelar en su conjunto”.
La negociación paritaria fue citada a las 11 en el Palacio Pizzurno y reunió a representantes de las federaciones docentes FAGDUT, UDA, CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, así como también al presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez.
Pese al fallo de la Corte (hace más de dos meses) y los ocho meses transcurridos, el Gobierno sigue sin cumplir la ley, y había una muy moderada expectativa de algún ofrecimiento de pago escalonado del 30% de actualización salarial adeudado a más de 300 mil docentes y no docentes.
Pero no sucedió. El Gobierno ofreció 3% en setiembre, según confirmó en un comunicado de Capital Humano, donde lo más llamativo es la omisión rampante de toda referencia a la Ley de Financiamiento Universitario. Con picardía, hablaron de “6%” en el bimestre venidero, incluyendo el 3% para octubre que ya fue negociado -y anunciado- en junio pasado.
Apenas salieron de la sede de Educación, los gremios anunciaron un nuevo paro para este miércoles 2 de setiembre.
“No fue una oferta salarial, fue una provocación”, expresó al dejar la reunión Clara Chevalier, secretaria general de CONADU.
“Fue una farsa que montó el Gobierno”, indicó Patricio Grande, paritario de CONADU-H. “El Gobierno trajo una propuesta de 3% de recomposición para septiembre, muy lejos del 31,2% que se nos está adeudando a julio por la cautelar de la Justicia, más la inflación que corresponde a agosto”, sostuvo Francisca Staiti secretaria general de CONADU-H.
“Con una Ley de Financiamiento sancionada, una cautelar en pie por la Corte Suprema, una audiencia judicial entre el gobierno y el CIN, y esta mañana otro fallo favorable, el ofrecimiento del 3% solo marca la decisión política de desoír las decisiones judiciales”, expresó Emiliano Cagnacci, del gremio ADUBA a Clarín.
La cautelar, vigente pero sin aplicar
El Gobierno había pedido al juez dejar sin efecto la cautelar, argumentando un “hecho nuevo”: el acuerdo salarial suscripto el 10 de junio con los gremios docentes y rectores, que implicó un 21,3% de aumento y otro 3% desde octubre.
La Ley de fondos votada por el Congreso, vetada por Javier Milei y, en un hecho inédito, insistida por dos tercios en cada Cámara, implica recuperar toda la licuación salarial de la era Milei (alrededor de 55%) desde diciembre de 2023.
En junio pasado el acuerdo paritario fue por 24,3%. Por eso la comunidad universitaria estima que está pendiente el restante 30% de recomposición salarial.
El juez Cormick, en su fallo consideró que no se encuentra cumplido ni agotado el alcance de la cautelar “ni se encuentra finalizado el conflicto invocado”, como pretendían las autoridades, blandiendo el último acuerdo salarial.
“(El fallo) Es un paso muy importante que valoramos en el marco de la causa y que pone otra vez en evidencia que el Estado debe cumplir la cautelar sin más dilaciones. Por lo demás, esperamos ahora una rápida resolución sobre la cuestión de fondo que aún está pendiente”, le dijo a Clarín Franco Bartolacci, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario. La cuestión de fondo, también en manos del mismo juez, es definir la demanda de las universidades contra el decreto de Milei que promulgó la ley pero la dejó en suspenso, aduciendo falta de recursos para afrontar el pago.
Por otra parte, el juez Cormick sacó un segundo fallo en el que admitió una demanda de la Universidad de Buenos Aires que a diferencia de la del CIN, también reclama por gastos de funcionamiento (hospitales universitarios incluidos), y fondos para ciencia y tecnología.
Las demoras en el “foro AFA”
Van 315 días sin cumplirse la ley, y el juez Cormick le dio 3 días al Gobierno, para que informe y de detalles del estado de situación.
Lo que algunos pueden ver como una intimación, positiva para las Universidades, otros actores universitarios lo leen como una “nueva dilación”.
“Es otro papelón de la Justicia. Si ya en la audiencia (del 21 de agosto) el subsecretario Alvarez dijo que no estaban cumpliendo porque no tenían la plata, ¿no es suficiente para el juez?”
Cormick fue funcionario de la Inspección General de Justicia (IGJ) en el final del gobierno de Cristina Kirchner (2014 y 2015), y Síndico del PAMI en los inicios del de Alberto Fernández. Se lo vinculó durante mucho tiempo a La Cámpora.
“Pero hace más de 300 días que no dice si vale o no vale la ley, y da un plazo tras otro al Gobierno”, se oyen las quejas en estricto off. Según esta explicación del trasfondo de lo que sucede, la justicia en lo Contencioso Administrativo -fuero que trata las demandas contra el Estado-, es “manejado” por Sergio Fernández, juez de Cámara, hermano del operador judicial del kirchnerismo, Javier Fernández.
“Sergio Fernández está en la repartija de cargos (judiciales) con el Gobierno y con (Juan Bautista) Mahiques”, el ministro de Justicia. “Fernández ya consiguió que se llevara la apelación del Gobierno a la Corte Suprema, cuando se sabe que la Corte nunca trata cautelares. Para ganar tiempo”.
“Es el fuero AFA”, dicen por el vínculo tanto de Sergio Fernández, que fue vicepresidente del Tribunal de Disciplina de la AFA, con Mahiques, nombrado en su momento vicerrector de la Universidad de la AFA.
Otra extraña decisión del Fuero Contencioso Administrativo fue haber suspendido en su momento la ejecución de la cautelar, “a la espera” de si la Corte Suprema tomaba o no el recurso del Gobierno.
