A través de un intenso informe sobre derechos humanos en Venezuela, las Naciones Unidas denunciaron lo que llamaron “detención arbitraria” a manos del chavismo del gendarme argentino Nahuel Gallo.

Es curioso porque el informe de la comunidad internacional en apoyo de un ciudadano argentino se produce mientras el gobierno de Javier Milei -que el domingo viaja a Nueva York para dar su segundo discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas-, anunció la retirada de Argentina de órganos y agencias de ON. En ese camino, para alinearse a Benjamín Netanyahu y Donald Trump anunció que retiraba su candidatura a ser miembro para 2026-2027 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde Argentina fue miembro fundador e histórico líder.

Además, la Cancillería enfrió el reclamo a Venezuela por Nahuel Gallo en el contexto de la nula existencia de vínculos con Caracas desde agosto de 2024, cuando el dictador Nicolás Maduro echó a los diplomáticos y retiró a los suyos de Buenos Aires. Las embajadas están cerradas. Y sólo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich brega junto a Estados Unidos por la liberación de su efectivo, detenido el 8 de diciembre por miembros de la seguridad chavista cuando cruzó la frontera de Colombia a Venezuela para visitar a su hijo argentino que tuvo con una joven venezolana. Ahora el niño y la mamá están en Buenos Aires.

El informe de la ONU que pide intensamente por Gallo es un documento titulado Conclusiones detalladas de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, en la que Argentina fue líder también, pero ya apenas participa.

El documento acompañó al informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en este 60º sesión, donde Argentina tiene ahora una nimia participación. El paper repudió la detención de los extranjeros detenidos por la dictadura que, según el Foro Penal Venezolano, hoy son 89. Tres de ellos se registran de nacionalidad argentina, entre ellos Gallo.

Entre los puntos destacados del informe que hacen referencia al gendarme argentino, Clarín pudo observar que:

En su último informe la FFM considera que la represión desatada a partir del 29 de julio de 2024 en el contexto de las elecciones presidenciales en Venezuela, es una continuación exacerbada del plan de aniquilamiento de personas opositoras o percibidas como tales, que se ha traducido en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes internacionales, constituyendo el crimen de lesa humanidad de persecución por razones políticas.

Según el informe, en varios casos documentados, los extranjeros detenidos han sido instrumentalizados como “fichas de negociación” en el marco de relaciones diplomáticas, sugiriendo un uso político de su privación de libertad.

La FFM ha identificado un patrón en los casos de detenciones de personas extranjeras caracterizado por falta de transparencia en los procedimientos, vulneraciones de las más básicas garantías del debido proceso, negación de acceso a la protección consular, incomunicación casi total con el mundo exterior, incluidos con familiares, abogados y agentes consulares o diplomáticos de los países de nacionalidad de los detenidos, así como casi nula información oficial respecto a la situación jurídica de las personas detenidas.

El caso del gendarme Nahuel Gallo es uno de ellos. Según información obtenida por la FFM, el 8 de diciembre de 2024, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) detuvo arbitrariamente al gendarme argentino Nahuel Gallo. El 27 de diciembre de 2024, después de 19 días de la detención, el Fiscal General de Venezuela informó públicamente que Nahuel Gallo había sido presentado ante los tribunales en calidad de imputado por el presunto delito de terrorismo. Los familiares de Gallo no recibieron, más allá de esa información pública, ninguna comunicación oficial o notificación sobre el día y hora de la celebración de dicha audiencia.

El 2 de enero de 2025, casi un mes después de su detención, el Gobierno venezolano difundió fotos y videos de Gallo, vistiendo un uniforme celeste en una cancha, como “prueba de vida”, sin compartir el lugar o la fecha de las imágenes. Esto fue tras denuncias de la familia y del gobierno argentino por desaparición forzada. Ese mismo día, la Cancillería de Argentina confirmó la presentación de una denuncia ante la Corte Penal Internacional por la detención arbitraria y desaparición forzada de Gallo. El 6 de enero de 2025, Nicolás Maduro acusó a Gallo de ser parte de un complot para asesinar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, afirmando que actuaba bajo órdenes del Gobierno argentino, que lo ha negado.

Hasta el cierre del informe de la FFM, los familiares de Nahuel Gallo no cuentan con información oficial sobre su paradero, estado físico o situación jurídica.

Teniendo en cuenta los hallazgos y conclusiones del informe de la FFM, resulta contradictorio que la Argentina haya retirado recientemente su candidatura para integrar el Consejo de DDHH de la ONU para el período 2026-2028, cuando la FFM es tan importante para investigar las violaciones de derechos humanos en Venezuela en general, y el arresto arbitrario del gendarme Nahuel Gallo en particular.

El gobierno de Milei ha dicho públicamente que condena las violaciones de derechos humanos en Venezuela, Nicaragua, Cuba e Irán, entre otros. Pero como dijo recientemente en una entrevista el ex Vicecanciller Alberto D’Alotto, quien fue también embajador en la ONU de Ginebra, al retirarse del Consejo la Argentina se aísla del mundo en general y de la región en particular y pierde espacios frente a otros actores de la comunidad internacional, como por ejemplo Venezuela.

Consultadas ONGs en Buenos Aires, el retiro de la candidatura implicará que la Argentina no podrá votar en 2026 cuando se intente renovar el mandato de la FFM a través de una nueva resolución del Consejo. Paradojas de un gobierno libertario.